8 de septiembre, 2009, Silver Spring, Maryland, Estados Unidos…Elizabeth Lechleitner/ANN
Tratando el alcance de la propuesta legislación contra los discursos que incitan al odio durante su onceava reunión anual la semana pasada, miembros de la Junta de Expertos de la Asociación Internacional de Libertad Religiosa redactó una declaración en la que se estima innecesaria la difamación de la legislación religiosa.
La legislación internacional de derechos humanos actual es un medio suficiente de protección para los grupos religiosos contra pronunciamientos que instigan al odio que pueden resultar en discriminación o violencia, concordaron los miembros durante consideraciones del 1 al 3 de septiembre en la sede mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y localidades en Washington, D.C.
La declaración llega cuando grupos internacionales como Naciones Unidas abogan por legislación específica dirigida contra pronunciamientos o discursos instigadores del odio en un esfuerzo por adelantarse a crímenes impulsados por odio religioso.
Aunque los expertos estuvieron de acuerdo con los motivos detrás de tal legislación, ellos dijeron que implementarla podría fallar, infringiendo sobre las libertades individuales de expresión, que incluye el derecho a criticar prácticas y credos religiosos.
«Aunque ya hay leyes que garantizan la libertad religiosa, si a mí se me ofende, yo puedo apelar a esta otra ley que toma precedencia sobre la primera», dijeron Robert Seiple, antiguo embajador de Estados Unidos para la Libertar Religiosa Internacional, en hipótesis sobre el acertijo moral que puede crear la difamación de leyes religiosas, y otros miembros del panel.
«Buenas leyes y grandes abogados no garantizan sana conducta», añadió él.
La declaración reitera conclusions a las que llegaron los miembros de la junta cuando se reunieron por primera vez para deliberar sobre, el entonces, emergente asunto de la difamación de las religiones el otoño pasado en Bucarest, Rumania. Sin una definición universal aceptada de difamación de la religion, los expertos se preocuparon de que las leyes que procuran eliminar los pronunciamientos instigadores del odio puedan ser implementadas en forma arbitraria y parcializada.
Aunque miembros del panel como Rosa María Martínez de Codes, una profesora en la Universidad Complutense Española in Madrid, estuvo de acuerdo de que debe haber un «margen de respecto» para creencias que difieren, concluyó el panel que el diálogo y la educación, en vez de la legislación, puede cultivar mejor tal actitud.
Entre varias sugerencias, la declaración propone que el gobierno, los líderes educacionales y religiosos animen el «entendimiento, la tolerancia, respeto y amistad, entre miembros de varias comunidades de fe.
«Debemos elevar nuestro pensar más allá del común denominador de la tolerancia básica para el verdadero entendimiento», dijo Seiple.
La declaración también apela a los defensores de los derechos humanos para que «monitoreen bien de cerca» la implementación de las leyes contra la difamación religiosa vigente para proteger contra cualquier consecuencia contraproducente».
Los miembros esperan que, además de los expertos en derechos humanos y las Naciones Unidas, la declaración llegue a miembros de agencias no gubernamentales comunitarias y jefes de estado.
